Impacto nacional este martes 11 de agosto de 2026 es la activación de un operativo de seguridad de emergencia en Michoacán ordenado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos debido a amenazas graves contra inspectores sanitarios estadounidenses por parte del crimen organizado.
El conflicto escaló el lunes 10 de agosto cuando autoridades del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) retiraron a su personal de inspección de las empacadoras en la zona productora de Michoacán tras recibir advertencias de muerte, provocando el cierre inmediato de 60 plantas empacadoras y paralizando un comercio que supera los 3,000 millones de dólares anuales.
En respuesta urgente, Sheinbaum anunció el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y la creación de un cordón de protección personalizado para cada inspector estadounidense y mexicano, así como para los productores y empacadores identificados en la lista de riesgos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que tras una reunión de emergencia con la embajada de Estados Unidos y representantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), ya se logró la reapertura de 45 de las 60 empacadoras afectadas, mientras se mantiene una mesa de trabajo permanente para garantizar que la seguridad no vuelva a convertirse en obstáculo comercial.
El gobernador de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública coordinan operativos terrestres y aéreos en los municipios de Uruapan, Tancítaro, Tacámbaro y la zona entre Morelia y Pátzcuaro, donde se concentra el 80% de la producción exportable. Este episodio pone en tensión la relación comercial bilateral en vísperas de revisiones clave del T-MEC y evidencia la vulnerabilidad de las cadenas de suministro mexicanas frente a la extorsión del narcotráfico, que ha encontrado en el "oro verde" uno de sus principales objetivos de cobro de piso.
La presidenta enfatizó que se investigará el origen de las amenazas y que no habrá impunidad para los grupos criminales que intenten sabotear la economía nacional, mientras productores exigen una estrategia de largo plazo que vaya más allá de las medidas reactivas para garantizar la viabilidad de una industria que emplea a más de 400,000 personas directamente en la región.